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YRA RADIO, Santo Domingo.- El Poder Ejecutivo emitió este martes un decreto autorizando la extradición a los Estados Unidos de los dominicanos Gerry de Jesús Marte Hernández, alias Guerry Marte, y de Osiris Medina Díaz, alias “El Gallero”, acusados de distintos delitos penales.

El decreto es el 705-22 señala que, Marte Hernández es acusado de robar fondos gubernamentales al usar cupones y asuntos de valor pertenecientes a los Estados Unidos, específicamente al Departamento del Tesoro.

Señala que el imputado recibió, ocultó y retuvo los fondos (más de mil dólares) con la supuesta intención de modificarlos para su uso. 

Según las acusaciones el acusado se involucró en un esquema para presentar electrónicamente devoluciones de impuestos falsos para obtener reembolsos fraudulentos, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 286.

El Gobierno dominicano detalla que marte Hernández creó un esquema para cometer el fraude y obtuvo el dinero por medio de pretensiones falsas y provocó que el caso sea transmitido en medio de cable, radio y televisión.

Además, es acusado de usar nombres e información de identificación personal, incluyendo los números de seguridad social de otros individuos.

Mientras que, el imputado Osiris Medina Díaz es pedido en extradición por poseer e importar a los Estados Unidos más de cinco kilogramos de cocaína.

También, es señalado por dirigir una transacción financiera que pretendía afectar el comercio interestatal y externo, cuyas transacciones involucraban ganancias que provenían de dicha actividad ilícita.

“Sabiendo que dicha transacción fue diseñada en todo o en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, la fuente, la propiedad y el control de las ganancias de dicha actividad ilícita específica, y mientras dirigía o intentaba dirigir dicha transacción financiera supo que la propiedad involucrada en la transacción financiera representaba las ganancias de alguna forma de actividad ilícita, todo en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956(a)(l)(B)(i)”, dice el decreto 706-22.

En ambos casos el gobierno dominicano exige que no se le aplique condena mayor ni pena de muerte.

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